En las últimas semanas, no es menor el debate sobre si las farmacias de España deben realizar las pruebas diagnósticas del Covid-19. Más allá de las dudas sobre la oportunidad y necesidad de que esto sea así, también hay variables legales, de calidad y de formación que invitan a pensar que, más allá que la oportunidad parece buena para el interés social, quizá no debería llevarse a cabo.

Hay variables legales y de otro tipo que no recomiendan a llevar a cabo esta tarea. Vayamos pues con los problemas legales de asumir, por parte de las farmacias, estas pruebas.

La legislación vigente, que define a las farmacias como «establecimientos sanitarios privados de interés público» restringe claramente las funciones de los farmacéuticos definidas como “actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procedimientos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública». Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, en ningún caso se contempla la hipotética realización del test del COVID-19 que quedaría fuera de la ley.

Y los farmacéuticos de oficinas de farmacias, aunque están formados y preparados, no disponen en su gran mayoría de espacios sanitarios asistenciales habilitados para llevar a cabo, con todas las garantías, las pruebas diagnósticas del Covid-19.

Y este no es un tema menor ya que, si bien en muchas de las farmacias de España habría espacio para habilitar una “zona cero” para realizar las pruebas, con la higiene y el aislamiento que se necesita, lo cierto es que muchas otras no reúnen en absoluto las condiciones de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a los que se pudiera realizar este tipo de pruebas, ni del resto de clientes que acudan a la farmacia y ni tan siquiera la de los propios trabajadores.

Pruebas de este tipo necesitan de una clara delimitación de espacios y tránsito de personas y material, y formación para la realización e interpretación de los resultados, así como implementar la gestión correcta de eliminación de los residuos contaminados generados y potencialmente infectivos, además de registrar y trasladar los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en el sistema público de salud.

Hay otra variable además y esta es la fiabilidad de algunas pruebas diagnósticas que podrían estar llegando de Asia, y cuya fiabilidad es más que discutible, aunque sus precios sean del todo competitivos. El rigor y la certeza, al coste que corresponda, es un parámetro que en ningún caso debe ser negociable.

En definitiva, son demasiadas las variables que invitan a pensar que, más que un apoyo a las tareas del sector sanitario respecto a la detección de casos de Covid-19, esta inicial muestra de buena voluntad puede suponer un alto riesgo de contagio, de falta de rigor y control de la sociedad en general.

No es menor la tarea que los farmacéuticos y farmacéuticas están llevando a cabo en sus oficinas de farmacia atendiendo al público, y esa debería seguir siendo la pauta de trabajo. Seguir siendo un punto de apoyo y de asesoramiento a la sociedad ya que, no olvidemos, las farmacias y el personal que ahí trabaja en un gran porcentaje de casos son el primer prescriptor de salud al que los y las ciudadanos/as de este país recurren ante cualquier primer síntoma que afecta la salud.